La dictadura de Nicolás Maduro ha emitido una orden de detención contra el presidente argentino, Javier Milei, su hermana Karina Milei, quien es secretaria general de la presidencia, y la ministra de seguridad, Patricia Bullrich. El anuncio fue realizado por el fiscal chavista Tarek William Saab.
“Este ministerio público de la República Bolivariana de Venezuela informa que se han asignado dos fiscales especializados para llevar a cabo las diligencias pertinentes en este caso, tramitando las órdenes de aprehensión contra: Javier Milei, presidente de Argentina; Karina Milei, secretaria general de la presidencia; y Patricia Bullrich, ministra de seguridad”, declaró Saab a medios locales.
Esta acción de la fiscalía venezolana se produce tras la solicitud de los fiscales argentinos Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe, quienes pidieron a la Cámara Federal de Buenos Aires que se ordene la indagatoria y captura de Nicolás Maduro y su colaborador Diosdado Cabello, así como de aproximadamente treinta militares y agentes de inteligencia, acusados de torturas, secuestros y ejecuciones en Venezuela.
La iniciativa argentina fue impulsada por las víctimas de estos delitos, representadas por el abogado Tomás Farini Duggan, quien apeló al principio de justicia universal para denunciar los crímenes ocurridos. Durante la audiencia, seis venezolanos relataron sus experiencias, destacando el testimonio de un fiscal venezolano que cuestionó la noción de que estos delitos deban ser juzgados solo en Venezuela.
Farini Duggan, del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación Internacional para la Libertad, solicitó la declaración indagatoria y captura internacional de Maduro por delitos de lesa humanidad. Esta petición surgió tras revisar los avances en la investigación, que incluye la desaparición de Rocío San Miguel y los abusos durante las controvertidas elecciones presidenciales de julio en Venezuela.
“El sistema judicial argentino tiene una oportunidad histórica para exigir justicia por los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar que ha convertido a Venezuela en un centro de torturas”, afirmó Farini Duggan ante los jueces, instando a que todas las denuncias se manejen dentro de una investigación unificada.
La justificación de la dictadura chavista para perseguir al presidente argentino se basa en la incautación de un avión de carga Boeing 747, embargado por Estados Unidos en colaboración con Argentina en 2023. Este avión, previamente perteneciente a la aerolínea iraní Mahan Air, fue transferido a Emtrasur, una aerolínea venezolana sancionada por Estados Unidos, lo que supuestamente violaba las leyes de control de exportaciones.
Desde las elecciones fraudulentas del 28 de julio, la dictadura de Maduro ha intensificado su represión contra la disidencia. Entre los opositores perseguidos se encuentran Pedro Urruchurtu Noselli, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Mottola Magalí Meda, quienes se encuentran asilados en la embajada de Argentina en Caracas. Este grupo de opositores denunció que “funcionarios de seguridad del régimen” intentaron tomar la sede diplomática, lo que consideran una grave violación del derecho internacional.
Desde agosto, Brasil ha asumido la custodia de las embajadas de Perú y Argentina en Venezuela, así como la representación de sus intereses tras la expulsión de sus diplomáticos. Además de Perú y Argentina, Maduro ha exigido a Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay que retiren a sus representantes de Venezuela, en respuesta a sus críticas sobre las elecciones del 28 de julio.