{"id":69585,"date":"2026-10-21T14:47:56","date_gmt":"2026-10-21T14:47:56","guid":{"rendered":"https:\/\/laverdadpublica.com\/?p=69585"},"modified":"2026-10-21T19:01:11","modified_gmt":"2026-10-21T19:01:11","slug":"experto-propone-cambios-ante-posible-extension-del-plazo-para-la-responsabilidad-penal-empresarial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laverdadpublica.com\/index.php\/2026\/10\/21\/experto-propone-cambios-ante-posible-extension-del-plazo-para-la-responsabilidad-penal-empresarial\/","title":{"rendered":"Experto propone cambios ante posible extensi\u00f3n del plazo para la responsabilidad penal empresarial"},"content":{"rendered":"
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El abogado y consultor en cumplimiento penal, Babaji Cruz, propone definir los delitos atribuibles a personas jur\u00eddicas, establecer criterios p\u00fablicos para evaluar los programas de compliance y crear un registro de peritos especializados<\/p>\n<\/blockquote>\n

El abogado y consultor en materia de cumplimiento penal Babaji Cruz Pe\u00f1al\u00f3 plante\u00f3 al Senado de la Rep\u00fablica que cualquier extensi\u00f3n del plazo para aplicar el r\u00e9gimen de responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas debe acompa\u00f1arse de cambios legales y medidas concretas que garanticen su aplicaci\u00f3n efectiva.<\/p>\n

En una comunicaci\u00f3n dirigida al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, Cruz Pe\u00f1al\u00f3 advirti\u00f3 que conceder otros 24 meses sin resolver las ambig\u00fcedades de la legislaci\u00f3n podr\u00eda conducir a una nueva pr\u00f3rroga sin que las empresas, los fiscales y los jueces est\u00e9n preparados.<\/p>\n

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\u00abEl tiempo no es el problema. El problema es que lleguemos igual: sin prepararnos ni ocuparnos\u00bb, sostuvo el especialista en sus observaciones al proyecto de ley depositado por el senador Rafael Bar\u00f3n Duluc Rijo, que propone extender el plazo para la entrada en vigor de los art\u00edculos 8, 9, 10 y 11 de la Ley 74-25, que instituye el C\u00f3digo Penal dominicano.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Cruz Pe\u00f1al\u00f3 indic\u00f3 que no se opone a una nueva extensi\u00f3n, pero considera necesario que esta tenga condiciones verificables y permita completar las reglas pendientes. A su juicio, el pa\u00eds necesita precisar el alcance de la responsabilidad penal empresarial y los criterios para determinar cu\u00e1ndo un programa de cumplimiento es realmente eficaz.<\/p>\n

Las reglas pendientes<\/strong><\/p>\n

Entre sus principales propuestas figura establecer una lista cerrada de las infracciones penales por las que puede responder una empresa. Seg\u00fan explic\u00f3, la redacci\u00f3n actual deja abierto el cat\u00e1logo de delitos atribuibles a las personas jur\u00eddicas, lo que obliga a cada organizaci\u00f3n a interpretar cu\u00e1les riesgos debe incluir en su programa de cumplimiento.<\/p>\n

El abogado tambi\u00e9n propone armonizar el C\u00f3digo Penal con los reg\u00edmenes especiales que regulan materias como contrataci\u00f3n p\u00fablica, lavado de activos, medio ambiente y delitos tecnol\u00f3gicos. La falta de coordinaci\u00f3n, advirti\u00f3, podr\u00eda generar incertidumbre sobre cu\u00e1les disposiciones contin\u00faan vigentes y c\u00f3mo se relacionan con el nuevo r\u00e9gimen penal.<\/p>\n

Otro punto se\u00f1alado es la necesidad de aclarar qu\u00e9 leyes y disposiciones quedan derogadas. Cruz Pe\u00f1al\u00f3 sostuvo que la redacci\u00f3n de los art\u00edculos 391 y 392 del C\u00f3digo Penal no permite identificar con suficiente precisi\u00f3n cu\u00e1les normas especiales se mantienen vigentes y cu\u00e1les resultan incompatibles con el nuevo c\u00f3digo.<\/p>\n

Para el especialista, estas indefiniciones tienen consecuencias sobre la seguridad jur\u00eddica, pues las empresas deben conocer de antemano las obligaciones que deben cumplir y las conductas por las que podr\u00edan ser sancionadas.<\/p>\n

Evaluaci\u00f3n de los programas de cumplimiento<\/strong><\/p>\n

Cruz Pe\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n considera necesario establecer par\u00e1metros p\u00fablicos para medir la eficacia de los programas de compliance. Aunque la legislaci\u00f3n contempla componentes m\u00ednimos y exige programas reales, eficaces, medibles y actualizados, se\u00f1al\u00f3 que no define qui\u00e9n debe verificarlos ni cu\u00e1les criterios deben utilizarse para evaluarlos.<\/p>\n

Por ello, propone instruir a la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica para que emita criterios p\u00fablicos de evaluaci\u00f3n dentro del plazo de la pr\u00f3rroga. Estos par\u00e1metros, indic\u00f3, deber\u00edan servir por igual al Ministerio P\u00fablico, los tribunales y las empresas.<\/p>\n

La comunicaci\u00f3n tambi\u00e9n plantea crear un registro nacional de peritos especializados en cumplimiento, con formaci\u00f3n verificable, experiencia demostrable y controles para prevenir conflictos de inter\u00e9s. Estos profesionales podr\u00edan ayudar a fiscales y jueces a distinguir entre controles que funcionan en la pr\u00e1ctica y medidas que solo existen en documentos.<\/p>\n

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\u00abUn control bien dise\u00f1ado que nadie ejecuta no es un control, es una intenci\u00f3n documentada\u00bb, expres\u00f3 el abogado al explicar la necesidad de contar con especialistas capaces de evaluar los sistemas de gesti\u00f3n de cumplimiento.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Garant\u00edas durante las investigaciones<\/strong><\/p>\n

Otro aspecto de la propuesta se refiere a la carga de la prueba y la protecci\u00f3n de las empresas durante las investigaciones. Cruz Pe\u00f1al\u00f3 plantea precisar que corresponde al Ministerio P\u00fablico probar el delito y el defecto de organizaci\u00f3n, mientras que la empresa debe aportar las evidencias de su programa de cumplimiento.<\/p>\n

Adem\u00e1s, recomienda establecer medidas para evitar filtraciones de informaci\u00f3n durante las investigaciones, debido a que las acusaciones pueden afectar la reputaci\u00f3n de una organizaci\u00f3n antes de que exista una sanci\u00f3n.<\/p>\n

El documento tambi\u00e9n propone incorporar a la Ley 97-25, que establece el nuevo C\u00f3digo Procesal Penal, un cap\u00edtulo espec\u00edfico para las personas jur\u00eddicas imputadas. Seg\u00fan Cruz Pe\u00f1al\u00f3, es necesario definir aspectos como su representaci\u00f3n procesal cuando el administrador est\u00e9 siendo investigado y las medidas cautelares corporativas que podr\u00edan aplicarse.<\/p>\n

Condiciones para extender el plazo<\/strong><\/p>\n

El abogado plante\u00f3 que, si el Congreso Nacional aprueba los 24 meses adicionales, la ley debe establecer responsabilidades, plazos e informes p\u00fablicos sobre los avances. Entre las condiciones que propone figuran completar las precisiones legislativas, publicar los criterios de eficacia, poner en funcionamiento el registro de peritos y capacitar a fiscales, jueces y defensores.<\/p>\n

Tambi\u00e9n sugiri\u00f3 presentar al Congreso un informe p\u00fablico de medio t\u00e9rmino que permita identificar los avances y las tareas pendientes antes de que concluya la extensi\u00f3n.<\/p>\n

La Ley 44-26 fij\u00f3 un plazo de tres meses a partir del 5 de agosto de 2026 para la entrada en vigor del r\u00e9gimen de responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas. De acuerdo con la comunicaci\u00f3n, si no se aprueba una nueva extensi\u00f3n, el r\u00e9gimen entrar\u00eda en vigor en las condiciones establecidas.<\/p>\n

Cruz Pe\u00f1al\u00f3 concluy\u00f3 que la pr\u00f3rroga solo tendr\u00e1 sentido si las instituciones y las empresas utilizan ese tiempo para prepararse y resolver las incertidumbres legales. \u00abLa seguridad jur\u00eddica no es un lujo t\u00e9cnico: es la diferencia entre un sistema que previene y uno que improvisa\u00bb, afirm\u00f3.<\/p>\n

Fuente: Prensa Externa<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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