Opinión Invitada: El costo de la improvisación territorial: por qué los proyectos se detienen en la comunidad y no en el papel
En la planificación del desarrollo económico existe una ilusión recurrente: asumir que la viabilidad de una gran inversión se agota en el diseño técnico, la corrida financiera y los permisos institucionales, y que llegar al territorio es apenas un trámite logístico. Los proyectos de infraestructura, turismo de bajo impacto, agua y energía demuestran lo contrario.
En Bonao, por ejemplo, un proyecto privado para instalar una planta de gas licuado con un tanque de veinte mil galones, a metros de viviendas, escuelas y un centro de salud, fue detenido por la comunidad en 2015. Una década después, el mismo proyecto reapareció en el mismo terreno, sin nueva consulta a los vecinos, y hoy enfrenta de nuevo movilizaciones y una demanda judicial. Nadie necesitó una ley nueva para detenerlo la primera vez, ni la necesitará ahora: lo que nunca hubo fue un acuerdo con el territorio donde se pretende construir. Esa comunidad no se moviliza por capricho: reacciona a que una decisión que puede cambiarle la vida se sigue tomando sin ella, diez años después.
Este patrón se repite con distintos nombres, pero con la misma causa: confundir la comunicación de hechos consumados con un proceso genuino de relacionamiento. La consulta previa se resuelve, casi siempre, con una reunión informativa y una lista de firmas, un trámite, no un diagnóstico. Cuando la inversión se presenta de manera unidireccional, la reacción del entorno suele transitar rápido de la incertidumbre a la confrontación, y proyectos estratégicos terminan atrapados en un bucle de protestas, judicialización o suspensión temporal de licencias.
El país discute con frecuencia cómo mejorar su clima de inversión y su certeza jurídica, casi siempre desde el ángulo correcto pero incompleto: estabilidad normativa, agilidad de permisos, previsibilidad tributaria. Ninguno de esos factores explica por qué proyectos con papeles impecables terminan detenidos por un conflicto que un diagnóstico de actores habría anticipado. La seguridad jurídica no depende solo del marco legal vigente: depende de que el territorio donde operará el proyecto haya sido escuchado y mapeado antes de que llegue el primer camión. Incorporar esa gestión social previa no es un gesto filantrópico ni una concesión táctica; es una herramienta de gestión de riesgo que protege la inversión a largo plazo.
El territorio no es un espacio homogéneo. Cada comunidad tiene dinámicas de poder, liderazgos locales y expectativas propias, y sin un mapa riguroso de esos actores es imposible anticipar dónde surgirá la fricción. Hacer ese trabajo bien no es más lento que no hacerlo: es más lento no hacerlo. Un diagnóstico serio, hecho en las primeras semanas de planificación, cuesta una fracción de lo que cuesta una obra detenida, una reputación dañada o una comunidad que pasó de aliada potencial a opositora permanente. El problema no es de recursos; es de secuencia: la gestión social sigue llegando después del anuncio del proyecto, cuando debería ser parte del estudio de factibilidad, al mismo nivel que el estudio ambiental o el financiero.
Ningún proyecto de inversión estratégica: turismo, infraestructura, agua, energía, debería recibir autorización final sin un diagnóstico de actores territoriales validado y un plan de relacionamiento comunitario con responsables nombrados. Igual que hoy es obligatorio el estudio de impacto ambiental, No es un requisito adicional para encarecer la inversión: es el que evita que se pierda después de hecha, y el que evita que una comunidad entera sienta que decidieron por ella sin ella.
“El tiempo en que bastaba con tener la autoridad para decidir está quedando atrás. Hoy, para transformar una decisión en realidad, hay que construirla también con el territorio”
Fuente: Vladimir Ozorio
